Huelga General para todos y con continuidad
Las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Gran éxito de la movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y varios cientos de miles más en otras cincuenta ciudades españolas. A pesar de que no ayudaban declaraciones previas a las manifestaciones como que no queremos confrontar, sino corregir (Méndez). Parece que se cumplía con creces la petición que hicieron los sindicatos recién aprobada la reforma de ver que opina la gente antes de convocar la huelga. Pero en vez de intervenir en la Puerta del Sol los secretarios generales de CCOO y UGT y comprometerse con los cientos de miles de personas con un mensaje de lucha y esperanza, se leyó por los responsables de juventud un manifiesto preelaborado como si fuera lo mismo que acudieran 5.000 o medio millón de personas. En él se decía: si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente, pero faltó más claridad, contundencia y concreción.Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas (El País, 12 febrero de 2012) que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.
Las agresiones de la reforma
No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.
En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.
Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.
Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.
Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.
Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.
Una estrategia equivocada
Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.
Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil estado de bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.
El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.
Recuperar el respeto
No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.
Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.
Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.
La confrontación sostenida
Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.
También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) eseturnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.
Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.
Una huelga general en la que no falte la marea verde
Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.
Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.
A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CCOO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?
Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.
Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.
La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.
Agustín Moreno. Profesor de secundaria de Vallecas
Las agresiones de la reforma
No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.
En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.
Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.
Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.
Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función tuitiva de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y nos retrotrae a situaciones de inseguridad de hace un siglo. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? La respuesta no es fácil.
Por una parte, hay quien dice que tienen miedo al fracaso, por otra, que esperan a conocer los próximos presupuestos para intentar responder a dos agresiones con una sola huelga. Sea como fuere, lo cierto es que no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya, se nota en la calle y no se pueden convocar movilizaciones a toro pasado; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc. El peor fracaso es no estar a la altura de las circunstancias.
Una estrategia equivocada
Hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones.
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.
Ante esta situación apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. Ante la revolución neoliberal que se nos viene encima no vale la estrategia de limitar los daños. Ahí están los resultados: retroceso de las rentas salariales, tasas de paro de más del 20%, elevadísima precariedad en el empleo, débil estado de bienestar y privatización de los servicios públicos. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado.
El sindicato no se salva evitando la confrontación, más bien al contrario: si no se moviliza contra las políticas neoliberales se produce una deslegitimación por no cumplir el rol al que está obligado. Esto sumado al desprestigio que persigue la derecha en campañas sostenidas contra el sindicalismo de clase, hace que entre méritos propios y ajenos la situación no sea muy boyante y obliga a redescubrir a los trabajadores la utilidad del sindicato. Tan importante como la que tienen los paraguas en caso de lluvia.
Recuperar el respeto
No es una tarea sencilla, pero es posible y absolutamente necesario, recuperar la relación con los trabajadores. Y algo básico: el respeto y la confianza hacia los sindicatos. Éstos serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores.
Para ello, un paso muy importante sería que fueran capaces de realizar una autocrítica pública de tres graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuyo impulso se congeló durante tres meses sin convocar ninguna movilización posterior; la firma del funesto acuerdo de pensiones de enero de 2011; y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios, que hace imposible la recuperación del poder adquisitivo con referencias como el precio de barril de Brent. Para recuperar credibilidad hay que reconocer las equivocaciones.
Otra práctica a recuperar es ir a los centros de trabajo, estar con la gente, dialogar con ella, fomentar su participación, oírles y contar con sus opiniones sin ninguna actitud propia del despotismo ilustrado. Consultarles tanto para los acuerdos como para las movilizaciones. Para que los trabajadores les consideren como lo que en teoría son: algo suyo y no ajeno a sus intereses y anhelos.
Por último, tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legislase sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura, como suspender relaciones mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.
La confrontación sostenida
Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle, con la huelga general y más. No se puede volver a repetir la historia de la huelga del 29-S, muy respetable en su seguimiento pero sin ninguna continuidad con movilizaciones posteriores serias. Y que incluso algunos intentasen vender el negativo pacto que elevó la edad de jubilación a los 67 años como un fruto de aquella lucha.
También se precisa un poco de humildad: nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de vecinos, culturales, AMPAS, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) eseturnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.
Dudo que si se hacen las cosas bien el PP resista una legislatura, con su política anti social, la recesión económica y la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude. Por ello, en absoluto se puede afirmar que el PP tiene amortizada la huelga general y las movilizaciones. Y mucho menos si estas son masivas, pacíficas y decididas. Hay que llamar la atención sobre el riesgo de que el gobierno utilice la fuerza pública para reprimir salvajemente, como en Valencia, con el objetivo de radicalizar las movilizaciones para que se rompa la unidad y se debiliten.
Una huelga general en la que no falte la marea verde
Por último, la huelga debe de ser convocada cuando toca, por la derogación de la reforma laboral, en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales y en un día que pueda ser secundada por la mayoría de la población trabajadora. Es una cuestión de principios convocarla y de dar continuidad a la movilización. Hay más razones que nunca y condiciones para ello: la calle está que arde, el 19-F, Valencia y el movimiento estudiantil, sectores públicos movilizados, una industria en desmantelamiento, y un gran malestar social.
Parece que se quiere convocar el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que se no se dan clases y solo se entregan las notas y acuden los alumnos media hora a los centros de secundaria. Las huelgas hay que hacerlas cuando hay gente en los centros y sería un error y una torpeza dejar fuera, en la práctica, al profesorado. En comunidades como Madrid ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga y más cien de conflicto, con manifestaciones de 70.000 y de 100.000 personas y una gran creatividad de las movilizaciones. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.
A ver si para que nadie nos marque la fecha de la huelga general, se va a ir a poner en uno de los peores días posibles para asegurar la participación de la mayoría de los trabajadores y, en concreto, de sectores como la enseñanza pública que está en pie de lucha. La agenda de la huelga la impone la necesidad, la urgencia de la respuesta, la opinión de los trabajadores y la unidad de las fuerzas convocantes. Desde que entró en vigor la reforma laboral, el 11 de febrero, hasta el 29 de marzo hay muchos días posibles para acabar convocando en uno de los peores desde el punto de vista de garantizar la participación de todos. Si la razón es coincidir con las huelgas anunciadas en Euskadi y Galicia, algo que me parece bien, CCOO y UGT deberían negociar con ELA-STV, LAB y CIGA la fijación de una fecha en la que coincida todo el estado español y todo el mundo pueda hacerla. Y en cualquier caso, por ejemplo, ¿por qué no se convoca el 28 de marzo?
Además, la enseñanza pública no puede faltar a la cita de la huelga general porque todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Y que no es otra cosa que excelencia para cuatro, el resto trabajadores precarios y mal pagados y grandes desigualdades sociales. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.
Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. Pensábamos que la beligerancia hacia la escuela pública era por razones económicas o ideológicas: para introducir el ánimo de lucro y para que las tarimas fueran púlpitos. Pero, en su lógica, a los cabezas de huevo neoliberales, no les interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país, animándoles desde programas televisivos que presentan la emigración como si fuera una fiesta. Con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia, que no tiene un lugar entre nosotros por la irresponsable política económica aplicada.
La educación pública quiere seguir con su movilización y coincidir también con otros sectores públicos y con el conjunto de trabajadores. La lucha por la educación pública es de todos y la lucha de los demás es también la nuestra. Porque si nos llevan a un modelo laboral y social tercermundista no hay espacio para un escuela de calidad de tod@s y para tod@s. Y si esa escuela pública desaparece no tendremos ni una sociedad justa, ni una democracia de calidad, ni unos ciudadanos formados, informados, críticos y comprometidos con su con tiempo y con su pueblo. La marea verde no puede faltar en la Huelga General.
Agustín Moreno. Profesor de secundaria de Vallecas
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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